El fraude fiscal registrado en Euskadi el pasado año alcanzó los 616 millones de euros, lo que supone el 3,8% del importe total recaudado por las haciendas forales. Además, las haciendas forales avisaron a la Fiscalía de diez posibles delitos tributarios, por un importe total de más de 53 millones de euros.
Esta cifra se recoge en el ‘Informe anual integrado sobre el fraude fiscal en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2023’, elaborado por la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal y recogido por Europa Press.
Este documento constata que «desde una perspectiva cuantitativa, el cómputo de deuda descubierta en 2023, en relación con las medidas contenidas en el plan conjunto de este ejercicio, asciende a 616 millones de euros, alrededor de un 3,8% del importe total recaudado por las haciendas forales en 2023 por tributos concertados de gestión propia».
Esta suma es ligeramente inferior a la registrada en 2022, cuando el fraude detectado en las haciendas de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa llegó a los 639,9 millones de euros.
En su informe, la Comisión indica, además, que durante el año pasado, las haciendas forales remitieron al Ministerio Fiscal informes en los que apreciaban la existencia de indicios de la comisión de diez delitos contra la Hacienda Pública, por un importe total de 53.406.521 euros más intereses. Además, se formalizaron otros informes para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de indicios de la comisión de otros delitos distintos del delito contra la Hacienda Pública.
En el caso de las actuaciones de control realizadas a grandes grupos empresariales, la comisión señala que el resultado total de las actuaciones terminadas en relación con 37 personas obligadas tributarias ha sido de cuotas regularizadas por importe de 27.176.419 euros.
A su vez, las actuaciones de control integral de los rendimientos declarados por las personas o entidades que realizan actividades económicas se saldaron con 1.715 procedimientos de inspección respecto de personas obligadas tributarias por este criterio de actuación, con una gestión total de 48.071.977 euros.
En el capítulo de personas físicas o jurídicas que realizan actividades en sectores de alto valor añadido y de elevado riesgo fiscal, se realizaron actuaciones que han permitido la regularización de la situación tributaria de 210 personas obligadas tributarias, por importe total de 22.328.278 euros, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
GRANDES FORTUNAS
Por otra parte, se ha procedido a la comprobación de personas obligadas tributarias presentadoras de la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio y el de la Riqueza y las Grandes Fortunas, a los efectos de verificar la correcta declaración del valor de los bienes y derechos. Estas comprobaciones han dado lugar a la práctica de 371 liquidaciones por un importe neto a ingresar de 1.865.891 euros.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se han efectuado 5.329 requerimientos correspondientes a personas no presentadoras del Impuesto sobre Sociedades. Consecuencia de estos requerimientos, se han presentado 747 autoliquidaciones y se han girado 46 propuestas de liquidación por importe de 835.439 euros, más 1.298 propuestas de sanción por importe de 417.076 euros, con un total de 1.252.515 euros.
Asimismo, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, durante el año pasado se han efectuado 11.677 requerimientos. Consecuencia de estas actuaciones, se han girado 2.421 propuestas de liquidación, por importe de 5.291.589 euros; y 4.316 propuestas de sanción, por importe de 1.808.337 euros, con un total 7.100.196 euros.
En lo que respecta al resto de impuestos, se han realizado 10.765 requerimientos a no declarantes, habiéndose realizado 37 regularizaciones por un importe total de 75.339 euros.
En el apartado del control de las declaraciones censales, así como del control de personas obligadas no presentadoras de los distintos impuestos, se han tramitado 1.392 procedimientos de inspección, con una gestión total de 57.809.360 euros.
