El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley con el fin de instar a Euskaltel a «no permitir ningún tipo de recorte de plantilla» ante el ERE anunciado en MásOrange, grupo al que pertenece la empresa vasca.
Sumar ha afirmado, a través de un comunicado, que una pérdida de puestos de trabajo en Euskaltel estaría «injustificada», y ha rechazado cualquier medida que pueda suponer «una nueva reducción de plantilla».
La coalición progresista ha recordado que MasOrange ha anunciado recientemente un expediente de regulación de empleo (ERE) para unos 800 trabajadores. Supone el 9,5% de las alrededor de 8.400 personas que componen las plantillas de las empresas que pertenecen al grupo.
Proposición no de ley
Hernández ha afirmado que pese a que se desconoce cuántos trabajadores y trabajadoras de Euskaltel se verán afectados por el ERE, la representación sindical estima que el porcentaje podría ser mayor que ese 9,5% anunciado por los directivos de la compañía, lo que «pone en riesgo el futuro de la propia Euskaltel».
A través de esta proposición no de ley, la coalición pide que el Parlamento Vasco muestre su rechazo ante «la política privatizadora del Gobierno Vasco en torno a la empresa Euskaltel», de la que Sumar denuncia que «ha supuesto una inaceptable pérdida de recursos públicos».
La formación ha censurado que se haya dejado «en manos del control privado» una empresa «estratégica», y ha lamentado que esta decisión «condena a la plantilla ante un futuro incierto».
Mantener la participación pública
Además, plantea la necesidad de mantener la participación pública en las empresas creadas con recursos públicos. A su vez, solicita que se adopten medidas para contar con una banca pública que tenga entre sus objetivos una política de inversiones «significativa y sostenible» en las empresas estratégicas, con el fin de garantizar una gestión «al servicio del interés social».
Hernández considera que la realidad actual de Euskaltel es «el resultado de una política claramente neoliberal», a través de la que la Administración pública «actúa al servicio de intereses privados bajo la falsa argumentación de las bondades del llamado libre mercado».