Esta mañana se han reunido los Colectivos sociales y sindicatos de Barakaldo en una concentración para recordar a Amaia Egaña, quien, en un trágico episodio de desesperación, se quitó la vida en 2012 cuando iba a ser desahuciada de su hogar. A doce años de su fallecimiento, la movilización pretende no solo honrar su memoria, sino también poner en evidencia la realidad de los desahucios en el municipio, una problemática que sigue afectando a muchas familias barakaldesas.
Desde el 2012, más de 2,400 familias han perdido su hogar en Barakaldo debido a desahucios. De esos desalojos, el 88% corresponde a viviendas de alquiler, lo cual subraya la dificultad que enfrentan muchas personas para acceder a una vivienda asequible en el mercado actual. Según los organizadores, esta situación representa una vulneración evidente del derecho fundamental a una vivienda digna, especialmente en un contexto donde el alquiler medio en Barakaldo ha escalado hasta los 880 euros, mientras que el costo de una simple habitación ronda los 425 euros al mes. Esta realidad ha empujado a cerca de 100 personas a vivir en las calles del municipio, un número que da cuenta de la magnitud de la crisis habitacional. David González, portavoz de la asociación, comenta las protestas presentadas.
Exigencias de los colectivos
Los colectivos sociales y sindicales organizadores de la concentración aprovechan esta conmemoración para exigir la implementación efectiva del protocolo antidesahucios, que fue aprobado en 2013 y revisado en 2019. Este protocolo establece la obligación de los servicios sociales de ofrecer una respuesta inmediata y proporcionar alternativas habitacionales a las familias que están en riesgo de perder sus hogares. Sin embargo, según los portavoces de los colectivos, este protocolo no se está cumpliendo de forma adecuada, dejando a muchas familias sin la ayuda que necesitan en momentos críticos.
En palabras de los organizadores, la situación en Barakaldo es insostenible, y urgen a las autoridades municipales a reforzar las medidas de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad habitacional. Además, señalan que el elevado coste de vida y los altos precios de alquiler en el municipio hacen que cada vez más familias estén en riesgo de quedarse sin hogar.
