El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE) ha denunciado el incremento de agresiones sufridas por ertzainas en el ejercicio de sus funciones y ha reclamado que la Administración asuma su defensa jurídica.
Escalada de violencia contra los ertzainas
En un comunicado, SIPE ha alertado sobre el aumento alarmante de ataques contra los agentes, reflejado en los datos oficiales y en recientes respuestas parlamentarias del Departamento de Seguridad. Según el sindicato, las agresiones se han duplicado desde la pandemia, alcanzando cifras preocupantes.
«Solo en 2024, se han registrado 591 agresiones sin incapacidad temporal y 154 con incapacidad, lo que demuestra el deterioro constante de las condiciones laborales y de seguridad», ha denunciado.
Exigen que la Administración asuma la defensa jurídica
Ante esta situación, SIPE ha solicitado que el Gobierno Vasco adopte medidas inmediatas para revertir la tendencia. Ha insistido en la necesidad de que la Administración se haga cargo de la defensa legal de los ertzainas agredidos en acto de servicio.
«Es inadmisible que los propios agentes deban costear y gestionar su propia defensa legal mientras cumplen con su deber de proteger a la ciudadanía», ha criticado el sindicato.
Además, ha denunciado la pérdida del principio de autoridad de los ertzainas, que considera una consecuencia del abandono sistemático por parte del Departamento de Seguridad.
Refuerzo de plantilla y medios
SIPE ha reclamado un refuerzo urgente de la plantilla y los recursos materiales de la Ertzaintza. Según el sindicato, la falta de efectivos y medios adecuados compromete tanto la seguridad de los agentes como la protección de la ciudadanía.
«Es imprescindible contar con una plantilla suficiente y bien equipada para hacer frente a los desafíos actuales y garantizar un servicio público de calidad», han subrayado.
Por todo ello, SIPE ha instado al Gobierno Vasco a que tome medidas concretas e inmediatas para frenar esta escalada de violencia. «No podemos permitir que la inseguridad y el desamparo sean el precio a pagar por quienes dedican su vida a proteger a la sociedad», han concluido.
