El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha subrayado que su presencia constante en la calle ha sido clave para evitar nuevos recortes en el sistema público de pensiones. Han defendido que “la riqueza generada por el trabajo” es suficiente para garantizar sus reivindicaciones, pero que “falta una voluntad política real” para promover la equidad fiscal, redistribuir la riqueza y combatir la especulación financiera y los paraísos fiscales.
Críticas al informe de la AIReF
El colectivo ha valorado el informe emitido por la AIReF el 31 de marzo, señalando que otorga al Gobierno un “aprobado” en materia de pensiones, sin exigir medidas inmediatas para reducir gastos o aumentar ingresos. Según han advertido, sin la presión social ejercida por los pensionistas, las consecuencias del informe habrían sido más perjudiciales para el sistema público.
Han lamentado, no obstante, que sigue sin garantizarse el derecho a pensiones dignas. Recuerdan que la financiación de estas prestaciones está supeditada a la disponibilidad presupuestaria general del Estado, determinada a su vez por el artículo 135 de la Constitución, que da prioridad al pago de la deuda pública.
Preocupación por un posible ajuste futuro
El colectivo ha alertado de las previsiones de la AIReF, que contemplan un crecimiento de la deuda pública hasta el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. Frente a ese escenario, se propone un ajuste del 3,2% del PIB en cuatro años. Además, han calificado de “significativo y preocupante” que por cada 0,5 puntos del PIB dedicados a defensa, el informe proponga un recorte adicional de 0,13 puntos entre 2029 y 2032.
En palabras del movimiento, “el camino para cambiar pensiones por armas queda abierto”, rechazando cualquier política que continúe apostando por los ajustes presupuestarios como solución.
Falta de auditoría y desigualdad en ingresos
También han criticado que no se haya realizado aún la auditoría de la Seguridad Social prevista por ley, ni se reconozca el impacto de los gastos asumidos por la Seguridad Social en nombre del Estado. Según han denunciado, la pérdida de poder adquisitivo y el exiguo crecimiento salarial están drenando recursos que deberían financiar el sistema público.
Han señalado que, según datos del Banco de España, las empresas no financieras aumentaron sus beneficios un 21% en 2022, mientras que el gasto en personal por trabajador, que incluye salarios y cotizaciones, solo creció un 3%.
Salarios dignos para pensiones dignas
El Movimiento ha defendido que incrementar los salarios y cotizaciones de forma proporcional a los beneficios empresariales, aflorar el 15,8% del PIB de economía sumergida, y destopar las cotizaciones de las rentas altas, son medidas suficientes para asegurar el sistema público de pensiones.
Además, han subrayado la necesidad de cerrar la brecha salarial de género, lo que permitiría un aumento de las cotizaciones equivalente al 1,5% del PIB.
Reivindicación y continuidad de la lucha
Por último, han reiterado que su lucha en la calle sigue siendo imprescindible. “Llevamos más de siete años movilizándonos y no vamos a parar”, han afirmado, insistiendo en que las instituciones deben asumir unas demandas que consideran justas y viables con los recursos existentes.
