El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que, a partir de 2026, Osakidetza comenzará a atender con sus propios recursos todas las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la sanidad pública vasca. Este anuncio se ha hecho durante el pleno de control del Parlamento Vasco, a raíz de una pregunta de Sumar sobre las garantías del derecho al aborto en Euskadi. El compromiso de Pradales incluye la implementación progresiva del servicio en centros de salud y hospitales públicos, sin aumentar la actual ratio de concertación con entidades privadas, con el objetivo de fortalecer la atención desde el sistema público.
Según Pradales, en 2024 se registraron 4.210 interrupciones voluntarias del embarazo en Euskadi, y destacó que el acceso al aborto seguro es una «garantía de justicia social, salud pública y respeto a los derechos humanos». En este sentido, subrayó que todas las mujeres en Euskadi tienen garantizado este servicio «en condiciones de igualdad, universalidad y dentro del sistema sanitario público».
El plan se enmarca dentro del Pacto Vasco de Salud, que busca combinar los recursos del sistema público con la colaboración privada, garantizando la accesibilidad y sostenibilidad de los servicios. Pradales también rechazó las críticas de Sumar, quienes han denunciado la «privatización» del derecho al aborto en Euskadi, ya que más del 95% de las interrupciones se realizan actualmente en clínicas privadas.
Reacciones políticas
Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha criticado duramente al Gobierno Vasco, señalando que el derecho al aborto está «privatizado», dado que las interrupciones del embarazo se derivan a clínicas privadas en lugar de realizarse en hospitales públicos. Hernández insistió en que el Ejecutivo debe asumir la interrupción del embarazo dentro del sistema público, sin externalizaciones, y garantizar este derecho a todas las mujeres.
En el mismo pleno, el lehendakari aprovechó la ocasión para criticar la postura de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su falta de respuesta a varias iniciativas planteadas por el Gobierno Vasco, incluyendo propuestas sobre el acceso a plazas MIR en Euskadi y la prolongación de la jubilación voluntaria hasta los 72 años.
