La asociación vecinal Lantzarte Bizirik ha levantado la voz para denunciar lo que consideran sanciones abusivas de 602 euros. Estos castigos económicos han recaído sobre los vecinos de Berango que participaron en una concentración pacífica en defensa de la campa de Lantzarte, celebrada el 4 de agosto de 2025. Durante aquella jornada, una veintena de residentes logró paralizar temporalmente los trabajos de construcción del nuevo aparcamiento.
Adiós a un entorno natural histórico
Los portavoces de la agrupación han detallado que la movilización ciudadana se desencadenó en el momento exacto en que la maquinaria pesada comenzó a derribar los árboles del terreno. Se trataba de unos ejemplares frutales con más de 30 años de antigüedad que formaban un espacio natural de convivencia muy querido por todo el vecindario. Lamentablemente, esa zona verde ha sido completamente asfaltada y transformada en un estacionamiento de vehículos.
Actuación policial sin incidentes ni resistencia
En el transcurso de la protesta, los agentes de la Policía Local procedieron a identificar a los asistentes advirtiéndoles de posibles represalias económicas. Sin embargo, los manifestantes recalcan que las autoridades en ningún momento ordenaron el desalojo del área. Subrayan además que se mantuvo en todo instante una actitud pacífica, destacando la ausencia de resistencia a la autoridad.
Intento de intimidación ante las acciones legales
El colectivo vecinal hace hincapié en el sospechoso momento elegido para notificar estos castigos económicos. Consideran especialmente grave que las multas lleguen justo después de confirmar su firme intención de acudir a la vía contencioso-administrativa. Con este paso legal, los residentes buscan auditar la legalidad del proyecto urbanístico y exigir que se asuman las responsabilidades pertinentes.
Para los habitantes de la zona, esta maniobra institucional se percibe como una clara estrategia para coartar y amedrentar al vecindario. Creen que el objetivo final de estas sanciones desproporcionadas es generar desgaste emocional y frenar la movilización de quienes intentan proteger el patrimonio común de su entorno.
Finalmente, la asociación lamenta profundamente la falta de voluntad política para resolver el conflicto. Valoran como inaceptable que la respuesta gubernamental esquive el fomento del diálogo y apueste directamente por medidas punitivas contra la protesta social. Reivindican su derecho a defender el barrio mediante vías siempre pacíficas y orientadas a alcanzar un consenso real.
