Ana Viñals, portavoz de Elkarrekin Bilbao en el Ayuntamiento, ha señalado en el programa EgunOn Bizkaia de Radio Popular – Herri Irratia que la prioridad de su grupo para este curso político han sido las políticas públicas de vivienda. «Tenemos una emergencia habitacional en Bilbao, con más de 17.000 personas en listas de Etxebide esperando un alquiler», ha afirmado.
Viñals ha denunciado que el plan de acción presentado por el Gobierno municipal al Ejecutivo vasco, en el marco de la declaración de Bilbao como zona tensionada, se ha limitado a un “refrito de medidas redundantes” que no servirán para revertir el desequilibrio detectado en el diagnóstico de vivienda. Elkarrekin Bilbao presentó alegaciones al plan, pero todas fueron rechazadas.
Medidas urgentes
Entre las propuestas más inmediatas que ha defendido Viñals se encuentran destinar todos los suelos de vivienda protegida al alquiler asequible, aumentar el uso de los patrimonios municipales de suelo para vivienda y activar un canon de vivienda vacía. “Se prevé movilizar 400 viviendas vacías, cuando en Bilbao hay 8.000”, ha advertido.
La portavoz ha recordado que el precio medio del alquiler en la villa supera los 900 euros, lo que provoca que muchas personas jóvenes se vean obligadas a trasladarse a municipios cercanos.
Violencia machista y protocolos caducados
Otro de los ejes señalados por Viñals ha sido la lucha contra la violencia machista, recordando que en Bilbao las agresiones han aumentado un 48%. “Los protocolos de prevención y atención están caducados, algunos desde 2019, y es urgente revisarlos”, ha destacado.
Viñals ha subrayado que los datos actuales son “alarmantes” y que es necesario un mayor trabajo en educación sexual e igualdad para frenar esta situación.
Transparencia y laicidad
Elkarrekin Bilbao también ha planteado la creación de una oficina municipal contra la corrupción, que sea un órgano independiente para analizar las contrataciones públicas y prevenir posibles malas prácticas.
Por último, Viñals ha defendido la necesidad de aprobar un reglamento de laicidad municipal para garantizar la neutralidad institucional en actos religiosos. «Como cargos públicos debemos representar la pluralidad de sentimientos religiosos o la ausencia de ellos», ha afirmado.
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