«Se están vulnerando derechos lingüísticos«, ha criticado Igor Arroyo, coordinador general adjunto de LAB, ante los micrófonos de EgunOn Bizkaia. Arroyo se ha referido a la decisión del Juzgado de Lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz requiere a la Academia Vasca de Policía a admitir a los aspirantes a agentes municipales que se excluyeron por no tener el nivel B2 de euskera. A través de una diligencia, la autoridad judicial ordena a la Academia Vasca de Policía y Emergencias lleve a efecto la sentencia, al considerar que la normativa que el sindicato recurrió en su día suponía un «trato discriminatorio» para aquellos aspirantes que no pudieran acreditar el nivel de conocimiento exigido de esta lengua. UGT había llevado esta cuestión a los tribunales. «Creemos que CCOO y UGT están vulnerando derechos lingüísticos», ha afirmado el líder sindical.
Arroyo ha calificado la decisión judicial como «una de las peores noticias desde que tenemos el Estatuto» y ha lamentado que se vengan produciendo «resoluciones que perjudican al euskera». Arroyo ha invitado a «reflexionar sobre el sistema educativo y los modelos lingüísticos» y ha señalado que «el marco jurídico tiene importantes agujeros». «Deberíamos plantearnos cuál es nuestro autogobierno».
No a la Mesa de Diálogo
Desde LAB han vuelto a ser contundentes en su negativa a entrar en la Mesa de Diálogo Social. Aunque semanas antes la consejera Mendia había mostrado cierto optimismo al respecto. Para Arroyo esta hipótesis es «completamente inviable», puesto que consideran que la mesa es «una escenificación hecha a medida de la patronal». «Los sindicatos tienen que llevar ciertos debates a las instituciones», ha indicado el líder del LAB. Ha señalado que cuestiones como siniestralidad o la distribución de la riqueza han de ser llevadas a las instituciones.
Además, se ha mostrado crítico con Glovo. Esta semana se ha conocido que la plataforma de reparto Glovo ha sido multada de nuevo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un importe de 56,7 millones de euros y ya acumula sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros.
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