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«Euskal Herria entera y parte del mundo vio las imágenes de lo que sucedió en el aeropuerto». Con estas palabras, la abogada Haizea Ziluaga resumía el sentir de la delegación Global Sumud Euskal Herria, que esta mañana ha dado un paso al frente en los juzgados para interponer una querella criminal por los incidentes ocurridos el pasado 23 de mayo en la terminal de Loiu.
Rodeados de activistas que portaban banderas palestinas e imágenes de las lesiones sufridas por los voluntarios, los abogados de la organización han calificado la intervención de la Ertzaintza como «innecesaria, desproporcionada y violenta».
Del recibimiento a la carga policial
Los hechos se remontan al sábado 23 de mayo. Mientras seis miembros de la delegación vasca de la flotilla humanitaria posaban para los medios de comunicación tras regresar de su retención por parte del ejército israelí, la tensión estalló en la terminal. El detonante fue el intento de un agente de impedir que un ciudadano se acercara al grupo, lo que desencadenó un tumulto que se saldó con varios heridos y cuatro personas detenidas.
La respuesta social no se hizo esperar: el pasado fin de semana, cientos de personas se concentraron frente al Teatro Arriaga de Bilbao en señal de repulsa. Hoy, esa indignación se ha transformado en batalla judicial.
«Tenemos la obligación y el derecho de denunciar el genocidio»
Además de buscar justicia por los lesionados en el aeropuerto, la defensa de la flotilla ha reivindicado con firmeza el derecho a la libre expresión y a la solidaridad internacional. Ziluaga ha recordado que no es la primera vez que los colectivos sociales tienen que acudir a los tribunales para defender el derecho a pronunciarse públicamente contra la situación que se vive en Palestina.
Objetivo: la cúpula de Seguridad y 4.000 firmas de apoyo
La querella no se limita a los agentes que actuaron a pie de pista. La delegación apunta directamente a la cadena de mando. La denuncia se dirige contra los agentes de la Ertzaintza implicados, contra los responsables que diseñaron el dispositivo de seguridad en Loiu y contra el propio consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.
A todos ellos se les imputan presuntos delitos de detención ilegal, lesiones y delitos de odio. Asimismo, desde la organización han anunciado que ya han recabado más de 4.000 firmas ciudadanas para exigir la dimisión inmediata del consejero Zupiria.
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