Entrevista a profesora de comunicación sobre la legalidad del 'true crime'

La denuncia de la madre del niño Gabriel ha puesto sobre la mesa el debate ético sobre este entretenimiento

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El ‘true crime’ y su impacto en las víctimas: «Las familias están desprotegidas»

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, en rueda de prensa / Marian León (Europa Press)
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Esta mañana hemos reflexionado sobre la ética en la comunicación a la hora de abordar productos de true crime. Recientemente, Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel, asesinado por la entonces pareja de su padre, ha puesto el debate sobre la mesa. Ha anunciado que va a emprender una serie de acciones judiciales para intentar frenar la producción de un documental relacionado con el caso de su hijo. Es una producción que contaría con la participación directa de su asesina pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable.

«Le diría a Ana Julia Quezada, que por respeto a su padre y a la memoria de Gabriel, no lo hagas», ha manifestado la madre del pequeño. De lo contrario, volverán a denunciarla por «lesiones» y un presunto delito «contra la integridad moral».

También ha detallado las iniciativas emprendidas tras enterarse de que se le había concedido un permiso para grabar dentro de la cárcel únicamente en formato audio. La asesina lo ha logrado bajo el argumento de que se obtendrían «ciertos beneficios» que, según habrían justificado, a la postre servirían para hacer frente a las responsabilidades civiles.

Otras series basadas en hechos reales

Tal y como explican desde la UOC, son muchos los casos violentos de menores que se han convertido en documentales o series. Por ejemplo, el recién estrenado Caso Asunta, sobre el asesinato de la niña gallega Asunta Basterra. Es un producto que ha llegado a la increíble cifra de 11,9 millones de visionados en Netflix. «El morbo siempre ha sido un reclamo muy poderoso de este género. Ese componente de realidad conecta al espectador con el lado más oscuro de la naturaleza humana.»

Además, Elena Neira, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, ha explicado que el derecho a la protección de datos es un derecho inter vivos. Esto quiere decir que desaparece en el momento de la muerte. Por esta razón, las imágenes, videos y demás datos personales de Gabriel no gozan de la protección otorgada por la normativa de protección de datos (RGPD, LOPDgdd). “Ahora bien, el hecho que no resulte aplicable la normativa de protección de datos sobre los datos personales de un fallecido no significa que no cuenten con protección legal alguna».

Si bien legalmente es difícil de frenar una producción audiovisual así, lo cierto es que los espectadores, para esta experta, son los que tienen la última palabra.


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