El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria retomará en septiembre sus concentraciones con el foco puesto en impulsar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea complementar en Euskadi las pensiones mínimas hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional (SMI). En un comunicado, el colectivo anuncia que el día 8 reanudará sus protestas “en los cuatro herrialdes”. Su objetivo “principal” es culminar con éxito los pasos que restan en el trámite parlamentario de la ILP.
Como primer hito, la comisión promotora presentará el 2 de septiembre a la coordinadora del movimiento un plan de trabajo para acelerar el proceso. El movimiento recuerda que el 8 de septiembre vence el plazo legal para que el Gobierno Vasco se pronuncie sobre la legalidad de la iniciativa. Confía en un dictamen favorable y subraya que la medida beneficiaría a unas 90.000 personas pensionistas, en su mayoría mujeres.
El colectivo cita la Ley 10/2016 que regula las ILP y remarca que no se pueden admitir materias sin competencia autonómica. Asegura, además, que en octubre la Mesa y los Servicios Jurídicos del Parlamento Vasco certificaron por escrito que la creación de un sistema vasco de complementos de pensiones encaja en las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía y en los convenios de colaboración entre administraciones.
“Es el momento de ejercer esas competencias”, defiende el movimiento, que señala el alto coste de la vida y la inflación en Euskadi. A su juicio, las pensiones mínimas estatales no garantizan una vida suficiente y digna. También recuerda la Ley 4/2005 de Igualdad, que obliga al Gobierno Vasco a eliminar discriminaciones contra las mujeres. La ILP busca reducir la brecha de género en pensiones, fruto —afirman— de trayectorias laborales marcadas por la desigualdad y por los cuidados no remunerados.
El colectivo considera “insuficiente e inapropiada” la actual RGI como vía de complemento para pensionistas, por estar diseñada principalmente para personas en edad activa. Critica que no valore circunstancias individuales y que obligue a computar la “unidad de convivencia”, lo que puede excluir de ayudas si la pareja tiene ingresos o pensión. Esta lógica, añaden, perpetúa la dependencia económica de muchas mujeres. Como dato, apuntan que la RGI ha alcanzado “como máximo” a 15.000 pensionistas. Reclaman, por ello, el derecho individual a una renta suficiente, al margen de la convivencia.
El movimiento subraya que el informe jurídico solicitado por el Gobierno Vasco es no vinculante y no impide que el Ejecutivo se pronuncie a favor de tramitar la ILP como una proposición de ley. Sostiene que la iniciativa ejerce competencias propias, corrige una injusticia histórica con las mujeres y refuerza la independencia económica de las personas mayores para cubrir necesidades básicas, incluida la salud mental. Por último, pide no frustrar una propuesta respaldada —aseguran— por todas las centrales sindicales, cientos de organizaciones sociales y feministas y miles de personas, y que además responde al llamamiento institucional para aumentar la participación ciudadana en la función legislativa.
