Ciencia y salud
Activistas de la plataforma barakaldesa contra la pobreza Berri-Otxoak han denunciado este miércoles en traje de baño ante el Ayuntamiento de Barakaldo los «nuevos recortes» en las ayudas de emergencia social, bajo el lema ‘En Barakaldo los recortes no se van de vacaciones’.
Según ha denunciado Berri-Otxoak, el área de Acción Social ha aprobado «en pleno verano», una vez agotado el presupuesto asignado por el Gobierno Vasco para Ayudas de Emergencia Social, 1.952.096 euros, el decreto que regula las ayudas económicas municipales, las cuales este año disponen de un presupuesto de 954.465, «reduciéndose en un 3,55% en comparación al año pasado cuando el presupuesto fue de 987.444 euros».
Según ha advertido la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales de Barakaldo, este recorte en el presupuesto alcanza el 27% frente a los 1.300.000 del año 2021. Además, ha indicado que el decreto municipal «también contempla recortes denunciados por el Defensor del Pueblo, endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas».
La plataforma ha asegurado que «estas decisiones políticas no son producto de la casualidad«. «La falta de un presupuesto suficiente conlleva recortes a las cuantías, su acceso y que queden desatendidas familias necesitadas de ayuda», ha denunciado.
«Cuando aumenta la inflación y las dificultades de las familias barakaldesas para atender sus necesidades más básicas -como vivienda o alimentación- el gobierno local decide recortar cuantías, dificultar el acceso a las ayudas de emergencia, no ampliar los servicios sociales municipales y mantener la falta de recursos de urgencia», ha criticado.
Recortes denunciados
Además de la reducción del presupuesto para atender las necesidades de cientos de familias barakaldesas, Berri-Otxoak también ha afirmado que se aplican recortes denunciados hasta por el Ararteko, como «establecer límites de patrimonio ilegales». Así, ha precisado que el Gobierno Vasco establece una horquilla entre 48.000 y 75.000 euros, mientras que el equipo de gobierno ha decidido establecer el límite de ahorro en 20.000 euros, lo que perjudica principalmente a pensionistas y familias desempleadas o con empleos precarios y que deben hacer frente a altas hipotecas.
Asimismo, ha recordado que en julio de 2022 el Defensor del Pueblo denunció al Ayuntamiento de Barakaldo por el formulario de acceso a las ayudas de emergencia y este año «vuelve a incumplir esta resolución al negar a las familias la petición simultánea de una ayuda para alquiler -o hipoteca- y la cobertura de necesidades básicas como alimentación, la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista, oculista y tratamientos) o los gastos de comunidad, luz y agua mediante una cláusula adicional en el formulario de solicitud».
Demora de las ayudas de emergencia
También ha denunciado «la demora hasta cinco meses la atención y concesión de las ayudas de emergencia, cuando los expedientes se deben resolver en menos de dos meses», así como «el recorte de la cuantía máxima establecida por el Gobierno Vasco en 2.500 euros para atención sanitaria, necesidades primarias, educación y alimentación a 1.200 euros».
Por otro lado, ha acusado al gobierno municipal de «recortar los 1.850 euros para gastos de adaptación y reparaciones de la vivienda a 600 euros» y la cantidad destinada a gastos de instalaciones básicas de la vivienda de 1.850 a 600 euros.
Berri-Otxoak ha censurado que «mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo», el equipo de gobierno «ha decidido conscientemente dotar de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurecer los requisitos de acceso y recortar la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas».
